Desafíos logísticos para la implementación y entrega oportuna de canastas de alimentos

Mg. MBA Rodrigo Gallardo Canales

Académico, jefe de Carrera Área Control Industrial

Depto. de Tecnologías de Gestión – Facultad Tecnológica - USACH

rodrigo.gallardo@usach.cl

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El pasado 17 de mayo el presidente Sebastián Piñera anunció en cadena nacional el “Plan Alimentos para Chile” que considera la distribución de 2,5 millones de canastas de alimentos en el país (1,5 millones en la Región Metropolitana y 1 millón en otras regiones), como una de las cinco nuevas medidas para afrontar la pandemia del COVID-19, iniciándose recientemente con un plan piloto en las comunas de Quinta Normal, Estación Central y Santiago[1]. La justificación de esta medida de apoyo a los hogares junto a otras que van en apoyo a las empresas, se da en el contexto de las problemáticas económicas y sociales que se han generado en nuestro país a raíz de esta emergencia sanitaria que ha escalado a nivel mundial, derivado principalmente de las medidas de confinamiento y distanciamiento social, lo que se ha traducido en un impacto preocupante a nivel social, económico y humanitario, más aún en naciones con menores niveles de desarrollo e ingresos, pero también en economías emergentes como es el caso de Chile. De hecho, el efecto en los ingresos de los hogares (desempleo, reducción de salarios, trabajadores independientes y trabajadores informales), ha requerido más políticas públicas que vayan en apoyo de las personas más vulnerables, especialmente con medidas de ayuda en dinero y/o alimentación. A nivel internacional se han utilizado mayoritariamente para estos efectos las transferencias como ayuda económica directa, complementadas con organizaciones como la Cruz Roja que hace más de una década han utilizado el modelo de “cash transfer”[2].

En el caso de ayuda alimenticia, la demanda de los bancos de alimentos[3] ha aumentado significativamente, más aún en países donde éstos modelos se encuentran implementados y consolidados como es el caso de España y Estados Unidos, por mencionar algunos, y en menor grado en países subdesarrollados o en vías de desarrollo en donde su aplicación aún es incipiente, como Chile. La situación en Chile no ha estado indiferente a la incertidumbre mundial respecto al impacto de la pandemia, de hecho, se ha observado un incremento significativo y muy preocupante en las últimas semanas según las cifras oficiales[4] (periodo desde el 14 de mayo al 07 de junio), con un aumento de 251,14% en el total de contagios y 474,62% de aumento de fallecidos, lo que podría empeorar con la temporada de invierno que avizora un panorama poco alentador. Este escenario local, sumando a la tensión acumulada del estallido social del 18 de octubre del año 2019 en Chile, ha generado en las familias más vulnerables y también en aquellas de clase media emergente un clima de desesperanza, lo que se ha traducido en niveles de endeudamiento insostenibles, precarización de la situación socioeconómica y un impacto en la liquidez para el consumo de bienes y servicios básicos, principalmente alimentos y artículos de aseo y protección, estos últimos tan necesarios para la prevención de los contagios.

Dado lo anterior, y sin entrar en una “amplia discusión” sobre las expectativas que la entrega de canastas de alimentos genera en las y los beneficiarios, el valor nutricional de su contenido ni la oportunidad en la entrega, es posible visualizar casi por intuición o incluso sentido común el tremendo desafío logístico que tiene distribuir 2,5 millones de cajas de alimentos en un espacio geográfico extenso, en un tiempo breve y sin una infraestructura ni personal preparado y dedicado exclusivamente para ello. Por lo tanto, el punto crítico para la implementación de esta medida se debiera centrar en la gestión del abastecimiento (asegurar las fuentes de suministro), pero también en la distribución física que en este caso no llegará a un punto de venta en el mercado, sino que al consumidor final directamente en su domicilio, lo que complejiza mucho más la planeación, implementación y control de los flujos y almacenamiento de productos, más aún cuando se trata de alimentos y de condiciones especiales de sanidad por la contingencia. Dado este escenario, la compleja implementación a nivel operativo se distancia de los objetivos fundamentales de la logística como tal (especialmente de aquellos referidos a satisfacer una necesidad en las “mejores condiciones económicas” y a cumplir un nivel de servicio adecuado), considerando además que el ejecutivo no ha precisado fechas y en palabras del propio intendente metropolitano Felipe Guevara “no tenemos plazos, lo que tenemos son metas[5]”, logrando la entrega al día 08 de junio (22 días después del anuncio) de un 34,11% (852.643 cajas[6]) del total comprometido en la medida.

Sacando a un lado la política doméstica, las tensiones partidistas y las estrategias comunicacionales, no hay duda del beneficio que genera esta ayuda alimentaria en los hogares. No obstante, el Estado incurre en un riesgo significativo al no considerar la capacidad y especialización requerida para operar de manera efectiva sistemas complejos en donde intervienen procesos de planeación, ejecución, control y mejora para maximizar el desempeño de las operaciones logísticas, más aún cuando se deben mover grandes volúmenes de productos para cubrir necesidades de alimentación inmediatas o muy próximas a ocurrir. El hecho de no disponer de todos los recursos logísticos que se requieren (infraestructura para el transporte; infraestructura de almacenamiento; sistemas/tecnología/equipos de control de flujos de productos, personas calificadas para operar la cadena de suministro, entre otros) supone que el Estado por sí solo, incluso con la participación activa de municipalidades/funcionarios públicos/voluntariado, con el uso/re-acondicionamiento de dependencias públicas y con recursos para el acopio/distribución de productos, puede aportar al proceso pero sin duda es insuficiente, en términos de cobertura y efectividad, pensando en las expectativas que tienen los hogares.

Bajo esta mirada, surgen algunas interrogantes de fácil ocurrencia, pero de difícil comprensión que tienen que ver con la necesidad de haber incorporado algunos elementos centrales en el diseño de esta medida, como la gradualidad en la entrega, un esfuerzo económico mayor para subcontratar la distribución o parte de ella a un operador logístico (dado el buen nivel de desempeño logístico de Chile[7]) y una definición más precisa del mecanismo de selección de beneficiarios a través de un sistema centralizado (que utilice el registro social de hogares y estadísticas de ingresos, entre otros).

En este punto surgen las “comparaciones odiosas” con medidas alternativas como las “cash transfer” y libretas solidarias (apoyo económico directo), que a través de convenios podrían promover la actividad económica local (almacenes, ferias libres, entre otros), y poner a disposición de los hogares los recursos para la compra de los insumos que cada familia requiera con mayor urgencia. Asimismo, si el costo de esta ayuda se hubiera destinado como transferencia directa para a fortalecer el ingreso familiar de emergencia, hubiera significado un incremento estimado de $17.235[8] por persona, para los 4,5 millones de beneficiarios[9] de dicho ingreso de emergencia.

Finalmente, solo queda esperar y confiar en que las decisiones de planificación y ejecución de la entrega de alimentos se realicen de manera descentralizada, lo más rápido posible y en conjunto con los municipios, dado que la tensión social acumulada y la falta de confianza de la ciudadanía con las autoridades podrían incluso generar focos de violencia en la implementación de esta medida.

El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y, no representa necesariamente, la línea editorial ni la posición de la Universidad de Santiago de Chile.

 

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[2] tarjeta con un cierto límite de dinero, la que puede ser usada por las familias en sus propios locales habituales de compra –comercios de barrio u otros– con los que se hayan establecido convenios. En https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/05/24/una-canasta-con-problemas-otra-solucion-a-mano/ visitada el 26 de mayo de 2020.

[3] Organizaciones sin fines de lucro encargadas de rescatar alimentos aptos para el consumo humano y distribuirlos entre quienes más lo necesitan. Habitualmente operan a través de donaciones y convenios con organizaciones y empresas del sector público y privados, en donde la mayoría de los aportes corresponde a excedentes de alimentos mal rotulados, con defectos de embalaje y/o próximos a vencer. En https://elpais.com/espana/catalunya/2020-03-17/el-banco-de-alimentos-pide-ayuda-para-operar-durante-la-cuarentena.html y http://www.redalimentos.cl/que-hacemos-que-nada-sobre/ visitada el 26 de mayo de 2020.

[4] Cifras oficiales COVID-19: https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes, informes de 15 de mayo y 08 de junio. Visitada el 08 de junio de 2020.

[7] Indice de desempeño logístico de Chile en cifras del Banco Mundial: https://datos.bancomundial.org/indicador/LP.LPI.OVRL.XQ?locations=CL. Visitada el 27 de mayo de 2020.

[8] Tipo de cambio al 05 de junio de 2020: http://www.sii.cl/valores_y_fechas/dolar/dolar2020.htm Visitada el 07 de junio de 2020.

[9] Beneficiarios del ingreso familiar de emergencia: https://www.gob.cl/planeconomicoemergencia/apoyo/. Visitada el 27 de mayo de 2020.